Entre los años 1980 y 2006, la población de Cataluña pasa de los seis a los siete millones de habitantes. El estancamiento demográfico de los ochenta da paso a un crecimiento importante en las siguientes décadas, fruto de una nueva ola migratoria y del aumento de la esperanza de vida. El envejecimiento de la población se plantea como uno de los grandes retos de futuro.

Cataluña se convierte en un territorio de una gran diversidad cultural, con ciudadanos procedentes de todo el mundo. Los valores y las formas de vida se transforman sensiblemente en las últimas décadas, dando paso a una sociedad más abierta y tolerante, que incorpora nuevos modelos de familia y tiene en el respeto a la diversidad y en la vitalidad de la sociedad civil una de sus grandes riquezas.

Tras la persecución sufrida durante el franquismo, con la restauración del autogobierno se inicia un proceso de revitalización de la lengua propia. Gracias a la complicidad de la sociedad civil, se impulsan iniciativas gubernamentales a favor de la lengua catalana y también del aranés, como la Ley de normalización lingüística de Cataluña (1983) o la Ley de política lingüística (1998).

La llegada de varias oleadas migratorias en las últimas décadas plantea nuevos retos para la lengua. Según los estudios estadísticos, los recién llegados aprenden el catalán en un tanto por ciento elevado y cada vez son más los que la consideran una lengua propia. En ese sentido, el modelo de inmersión lingüística de la escuela pública representa un éxito y contribuye, de forma decisiva, a la cohesión social.

La economía catalana experimenta, desde los años setenta, una profunda mutación en su estructura. Dos grandes crisis, en los periodos 1975-1984 y 1992-1995, provocan la pérdida de miles de puestos de trabajo. El modelo económico se transforma con el incremento del sector servicios en detrimento de la agricultura y de la industria. El turismo se convierte en un sector fundamental.

La entrada de España en el proceso de integración europea, en 1986, significa un avance notable en la internacionalización de la economía catalana y también un reto para su competitividad. Desde los años noventa, Cataluña concentra una cuarta parte de las inversiones extranjeras en todo el Estado, convirtiéndose en una de las regiones más activas y dinámicas del sur de Europa.

A pesar de los avances sociales y de la modernización generalizada de la sociedad, persisten colectivos de la población que viven por debajo del umbral de pobreza. Jóvenes con dificultades sociales, parados de larga duración y sobre todo gente mayor, como consecuencia de la mayor esperanza de vida y de la escasez de las pensiones, constituyen los principales grupos de riesgo.

También hay que destacar a los inmigrantes sin recursos, recién llegados al país. El incremento del coste de la vida, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a la vivienda y las limitaciones de las políticas sociales se convierten, ya antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, en retos para el Estado del bienestar.

La autonomía política, regulada por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, posibilita la profundización en la vida democrática del país, la participación pública de la ciudadanía y la construcción de un autogobierno que aspira a disponer de todas las instituciones propias de una sociedad democrática, autónoma y avanzada socialmente.

A lo largo de ese periodo, se impulsa la institucionalización de la Generalitat y su desarrollo, así como el desarrollo del resto de administraciones públicas por todo el territorio, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en todos los ámbitos: Estado del bienestar, reequilibrio territorial y proyección social, cultural, económica y política de Cataluña en el mundo.

La mejora de las infraestructuras y de la red de equipamientos públicos es una constante desde la recuperación del autogobierno. Contribuyen a ello todas las administraciones con competencias sobre el territorio, especialmente la Generalitat y los ayuntamientos.

Desde mediados de los años ochenta, Cataluña gestiona directamente las políticas de sanidad, enseñanza, universidades, cultura, medios de comunicación, justicia y seguridad ciudadana.

En 1980, se constituye el primer Gobierno autonómico surgido de unas elecciones democráticas, presidido por Jordi Pujol, de la federación Convergència i Unió. A lo largo de cinco legislaturas, Pujol preside la Generalitat, en un periodo caracterizado por el desarrollo de la autonomía y la institucionalización de los órganos de autogobierno.

En las elecciones autonómicas de 2004, Pasqual Maragall, del Partit dels Socialistes de Catalunya, es elegido presidente al frente de un gobierno tripartito de izquierdas y catalanista que consuma la alternancia política en Cataluña. Dos años más tarde, le sucede el también socialista José Montilla.

La vida parlamentaria catalana desde la restauración del autogobierno gira en torno a un pentapartidismo bastante estable con las formaciones políticas Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA).

La presencia de un módulo interactivo en este ámbito permite consultar todo tipo de datos relativos al funcionamiento del Parlamento de Cataluña, desde 1980 hasta la actualidad.